Costa Rica sin ejército: ¿cuánto pagamos realmente por seguridad?
Costa Rica abolió su ejército en 1948. Durante décadas este hecho ha sido presentado como uno de los grandes logros institucionales del país. Sin embargo, una pregunta cada vez más presente en la discusión pública es la siguiente:
¿Realmente Costa Rica gasta menos en seguridad que los países con ejército?
La respuesta, cuando se analizan los datos fiscales completos, es más compleja de lo que parece.
El tamaño real del gasto en seguridad en Costa Rica.
De acuerdo con los resultados fiscales del Gobierno Central al cierre de 2025, el gasto público total representó 17,8% del PIB nacional.
Dentro de ese gasto se encuentra el conjunto de instituciones vinculadas con seguridad y justicia:
- Ministerio de Seguridad Pública
- Poder Judicial (incluye OIJ y fiscalías)
- Sistema penitenciario (Ministerio de Justicia y Paz)
Sumadas, estas instituciones representan aproximadamente, ₡1,04 billones anuales , esto equivale a aproximadamente 2,0% del PIB
Comparación internacional: seguridad vs ejército
A nivel mundial, el gasto militar promedio ronda el 2,2% del PIB.
Algunos ejemplos recientes:
Cuando Costa Rica se analiza en términos de seguridad interna + sistema judicial, el país destina aproximadamente 2,0% del PIB
Esto significa que Costa Rica, sin ejército, gasta casi lo mismo que muchos países con fuerzas armadas.
La diferencia es que el gasto no se dirige a tanques o aviación militar, sino a policías, investigación criminal y sistema judicial.
¿Está funcionando el gasto?
Aquí aparece la mayor preocupación.
El Organismo de Investigación Judicial ha señalado que el crimen organizado explica una parte creciente de los homicidios del país, y que la mayoría se comete con armas de fuego.
Además, los datos del sistema judicial muestran un fenómeno preocupante en el proceso penal.
Durante 2023:
- Casos penales resueltos por fiscalías: 232.430
- Casos que terminaron en acusación formal: 29.952
Esto implica que solo alrededor de 13% de los casos avanzan hacia acusación formal.
Para el año 2025 el Ministro de Seguridad Mario Zamora Cordero Indicó en entrevista en OPA, que este índice subió al 25%, (un 92% entre el 2023 y 2025), pero que sigue siendo ineficiente.
El problema no es solo detener delincuentes, el problema es convertir investigaciones en condenas efectivas.
El costo para cada costarricense
El gasto anual en seguridad y justicia supera ₡1,04 billones. Si se divide entre la población nacional (aprox. 5 millones de habitantes), el costo equivale a: ₡207.000 por persona al año.
Esto no incluye los costos privados que también asumen los ciudadanos:
- alarmas
- seguridad privada
- seguros
- pérdidas por robos
- reducción de actividad comercial nocturna
- caída del turismo en zonas con violencia
En términos económicos, la inseguridad funciona como un impuesto oculto.
Un problema de eficiencia del gasto
El aumento de la criminalidad no necesariamente significa que el país invierta poco en seguridad.
Puede significar que:
- el gasto está fragmentado
- el sistema penal es lento
- la inteligencia criminal es limitada
- la persecución financiera del narcotráfico es débil
- el crimen organizado se adapta más rápido que el Estado
En otras palabras, no siempre el problema es cuánto se gasta, sino cómo se gasta.
El cambio del crimen en Costa Rica
Hace 20 años el problema principal era el robo, hoy el problema dominante incluye:
- narcotráfico internacional
- sicariato
- armas ilegales
- lavado de dinero
- estructuras criminales organizadas
Esto exige capacidades distintas:
- inteligencia financiera
- investigación digital
- cooperación internacional
- análisis criminal avanzado
Un modelo de seguridad basado únicamente en patrullaje policial ya no es suficiente.
¿Qué podemos hacer como país?
Para mejorar la eficiencia del gasto en seguridad se requieren cinco cambios estructurales.
1. Medir el sistema completo
Hoy las estadísticas están fragmentadas entre policía, fiscalías y tribunales.
Costa Rica necesita un indicador nacional de eficacia penal que mida:
detención → acusación → condena → reincidencia.
2. Atacar las finanzas del crimen
El narcotráfico es un negocio.
Mientras el dinero circule, las organizaciones se reconstruyen.
La persecución patrimonial y el control de lavado de dinero deben ser prioridad.
3. Priorizar homicidios y crimen organizado
Los recursos deben concentrarse en los delitos de mayor impacto social.
4. Fortalecer investigación criminal
La policía científica y el análisis de datos son claves para elevar las tasas de resolución.
5. Prevención territorial
Los homicidios en Costa Rica se concentran en pocos distritos.
Las políticas públicas deben actuar sobre esos territorios específicos.
Conclusión
Costa Rica es uno de los pocos países del mundo sin ejército, pero eso no significa que el país gaste poco en seguridad.
Cuando se analiza el sistema completo, el gasto en seguridad y justicia se acerca al nivel que otros países destinan a defensa militar.
La pregunta relevante ya no es si debemos invertir en seguridad, la pregunta correcta es:
¿estamos obteniendo resultados proporcionales al dinero que estamos invirtiendo?
Porque cuando el gasto público crece, pero la percepción de inseguridad también, el problema deja de ser presupuestario y pasa a ser institucional.